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El pasado jueves 14 de noviembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde a una reforma clave para agilizar los procesos judiciales relacionados con la ocupación ilegal de viviendas, mediante la aprobación de la Ley de Eficiencia Judicial. Esta normativa establece que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda sean tramitados bajo el procedimiento de juicios rápidos, con un plazo estimado de resolución de 15 días. La medida, impulsada por una enmienda del PNV y respaldada por partidos como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, contó con el voto accidental de Bildu, lo que permitió su aprobación.
Un cambio normativo significativo
La reforma del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal amplía el alcance de los juicios rápidos para incluir casos de ocupación ilegal de viviendas, equiparándolos a otros delitos menores como hurtos o robos. Este cambio ha sido valorado por algunos sectores como un avance en la lucha contra la okupación, aunque con reservas.
Funcionamiento de los juicios rápidos en casos de okupación
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce un procedimiento más ágil. Una vez detenido el infractor, el juez deberá convocarlo a una audiencia preliminar en un plazo máximo de 72 horas, mientras la policía judicial prepara los informes pertinentes. Si las partes y la Fiscalía consideran procedente avanzar a juicio, el proceso deberá resolverse en un plazo máximo de 15 días, incluyendo la emisión de sentencia en los tres días posteriores al juicio.
Críticas y limitaciones del nuevo sistema
Aunque el procedimiento promete rapidez, expertos como José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), advierten sobre sus posibles limitaciones. Según Zurdo, en situaciones donde los ocupantes sean personas vulnerables, el proceso podría demorarse debido a la necesaria intervención de los servicios sociales, complicando los desalojos inmediatos.
Por otro lado, la ley se centra exclusivamente en delitos de allanamiento y usurpación, dejando fuera otros problemas como los «inquiokupas», personas que incumplen intencionadamente el pago del alquiler tras abonar la primera mensualidad y la fianza. Estos casos, considerados estafas, deben tramitarse por procedimientos civiles o penales más lentos. Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general de AMADEI, señala que estos procedimientos pueden extenderse hasta dos años, lo que limita el impacto de la reforma en esta problemática.
Además, Martínez Caja advierte sobre un posible colapso judicial debido a la acumulación de casos, subrayando la necesidad de prever medidas que eviten esta situación.
Propuestas alternativas y críticas al modelo actual
Desde la ANA se propone una solución administrativa para agilizar los desalojos. Entre las medidas sugeridas está la creación de un registro público de contratos de arrendamiento, que permitiría a las fuerzas de seguridad desalojar inmediatamente a los okupas sin necesidad de intervención judicial si no presentan un contrato válido. Este mecanismo, argumentan, ayudaría a combatir los contratos falsos utilizados para dilatar los procedimientos.
El error de Bildu y el futuro en el Senado
Un aspecto anecdótico de la aprobación fue el error de Bildu, cuyo voto accidental facilitó la adopción de la enmienda del PNV. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, reconoció el error y señaló que intentarán rectificarlo en el Senado. Sin embargo, la mayoría del PP en la Cámara Alta dificulta la posibilidad de modificar el texto aprobado.
Un avance limitado
Aunque el Gobierno y los partidos impulsores de la reforma celebran este avance como un paso importante contra la okupación, expertos coinciden en que la medida es insuficiente para abordar todas las variantes de este problema. Sin acciones adicionales para atender casos no contemplados por la ley y soluciones para los escenarios de vulnerabilidad, la reforma se percibe como un avance parcial más que como una solución definitiva.
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